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Frontal
rechazo social, ambiental y gremial en Cámara de Diputados
A ley de apropiación de semillas por transnacionales
Su enérgico rechazo a un
proyecto de ley que privatiza las semillas, despojando a los agricultores
de su derecho a guardar, intercambiar y utilizar las semillas
producto de su cosecha y abriendo paso a los cultivos transgénicos
hicieron ver ante la Comisión de Agricultura el pasado
martes 14 de julio, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales
e Indígenas (ANAMURI),la Red de Acción en Plaguicidas
RAP-Chile, el Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA) organizaciones
miembros de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida; la Fundación
con Todos, de Chiloé y la Asociación de Agricultores
Orgánicos de Chiloé, junto a CETSUR, y GRAIN.
El 7 de julio los diputados ya
habían escuchado el planteamiento de la Asociación
de Agricultores Orgánicos de Biobio, la Agrupación
de Agricultura Orgánica de Chile AAOCH, la Asociación
de Agricultura Biológica- Biodinámica y la Agrupación
de Consumidores Conscientes. Ellos instaron a la Comisión
de agricultura a legislar para proteger el acceso a la diversidad
biológica y el conocimiento ancestral y rechazaron como
imposible la coexistencia entre la agricultura orgánica
y los cultivos transgénicos.
El proyecto de ley enviado por
la Presidenta Bachelet sobre "derechos del obtentor de
variedades vegetales" * ha sido rebautizado por las citadas
organizaciones como proyecto de "Protección de
la propiedad de las transnacionales de la semilla" y
de sus filiales en Chile y parte del inaceptable principio de
que es posible privatizar los conocimientos y diversas formas
de vida. La aprobación de esta ley extendería los
llamados "derechos de obtentor" -una forma más
amplia de patente- a todas las especies vegetales, creando condiciones
para la expansión en el país de los cultivos transgénicos,
en especial de los farmocultivos que a través de la inserción
de genes de un virus o una bacteria en el ADN de una planta, producen
drogas.
Al respecto sostuvieron los agricultores
orgánicos: "Si los chilenos queremos perder los mercados
europeos conquistados con tanto esfuerzo, y contaminar genéticamente
nuestros cultivos en forma irreversible, si queremos que nuestros
hijos consuman alimentos desnaturalizados y alterados y entregar
nuestro patrimonio genético a cambio del pago de una autorización
oficial; si queremos agobiar con el pago de royalties a los campesinos
que han sostenido el alimento de los chilenos desde siempre, entonces…
¡sigamos adelante con este Proyecto de Ley.!"
En mayo de este año, a espaldas
de la opinión pública se inició la votación
de los artículos del proyecto, interrumpida por la irrupción
de estas organizaciones.
El 14 asistió menos de la
mitad de los 13 parlamentarios integrantes de la comisión,
entre ellos los diputados Marco-Enríquez Ominami y Alejandro
Sule, quienes posibilitaron la presencia de las organizaciones.
Su presidente, José Pérez y otros, valoraron el
intercambio de opiniones sobre el proyecto, reconociendo su escaso
manejo del tema. La diputada Alejandra Sepúlveda coincidió
respecto de que el lenguaje técnico de la ley impide entender
sus alcances, y mostró disposición a generar un
grupo de trabajo externo a la Comisión con vistas a mejorar
el articulado de la ley. Por su parte, el diputado Alejandro Sule
afirmó que si se convencía de los alcances de lo
planteado allí por las organizaciones, votaría en
contra de esos artículos y/o rechazaría el proyecto.
Varios parlamentarios sostuvieron que la solución era que
los campesinos y comunidades inscribieran sus derechos para evitar
que las empresas se les anticiparan, lo que fue rechazado de inmediato
por los expositores, para quienes eso implicaría aceptar
esa lógica y dividir a las comunidades. Se acogió
por algunos parlamentarios la idea de trabajar paralelamente en
una Ley de Protección de la Biodiversidad. Ellos reconocieron
que la urgencia de este proyecto está dada por el hecho
de que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fijó
el 1º de enero de 2009 como plazo para que Chile adecúe
su legislación al UPOV 1991, convenio internacional sobre
los Derechos de Obtentores Vegetales.
La comisión escuchará en una próxima sesión
los planteamientos del ex Obispo de Chiloé monseñor
Juan Luis Ysern, fundador de la Fundación Con Todos, y
de un representante de los caciques huilliches de la isla, a petición
de la delegación de Chiloé.
A continuación, se resumen los puntos centrales del rechazo
colectivo a este proyecto de ley.
1.- Esta iniciativa abre las puertas
a:
- La apropiación indebida
de los recursos biológicos del país, la privatización
de los conocimientos y la protección de la propiedad
privada de las empresas transnacionales sobre el patrimonio
colectivo de las comunidades campesinas e indígenas.
Se va a expropiar la biodiversidad agrícola y silvestre
de Chile al extender los llamados derechos de obtentor a todas
las especies vegetales (Artículos 2, 6, 7, 8,9).
- La expansión
de los cultivos transgénicos, y los farmocultivos, al
otorgar propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva
de mejoramiento y en base a la simple expresión de un
carácter. En sus definiciones el proyecto no hace diferencias
entre una planta normal, una híbrida o una transgénica.
La fundamentación
de la ley permite deducir además que se intenta crear
condiciones para la introducción de los llamados farmocultivos,
lo que podrían crear problemas graves de salud pública,
y arruinar la producción de alimentos y exportaciones
agrícolas chilenas. (Artículo 6).
- La contaminación de
los cultivos orgánicos por los transgénicos.
Ya se ha demostrado que no es posible la coexistencia entre
ambos.
- La pérdida de los
mercados que demandan alimentos sanos e inocuos.
Los consumidores han tomado una mayor conciencia respecto de
los OGMs, y en la Unión Europea del 70% de la población
rechaza la agricultura transgénica.
- El despojo de los derechos
de los campesinos a seleccionar, mejorar, y guardar la semilla
de su cosecha (Artículo 48).
Esta práctica universal de campesinos y agricultores
es reconocida incluso por el Tratado de Recursos Fitogenéticos
de la FAO.
- Daño a la fauna y
los insectos benéficos por los cultivos transgénicos,
con negativas consecuencias para el medio ambiente. La biotecnología
favorecida por este proyecto conduce hacia la uniformidad genética
con pérdida de la biodiversidad en los campos, donde
se imponen monocultivos extensivos.
- La criminalización
del trueque o de la siembra de semilla. Ya no será
el SAG quien fiscalice, sino las propias empresas dueñas
de los derechos sobre las semillas, tendrán el poder
de hacer de policías, siguiendo el modelo de otros países
como Estados Unidos y Canadá cuando surge la contaminación
accidental por transgénicos (artículos 52 y
54).
- El decomiso y embargo de
los cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir
con la ley. (artículos 53, 54, 55). Esto se puede
traducir en la destrucción de cultivos y plantaciones
frutales, decomiso de productos, e incluso en el embargo de
exportaciones chilenas.
- Un proceso de aumento
creciente del costo de los alimentos. El precio de las semillas
encarecerá el proceso productivo y los costos.
2.- Beneficiarios e impulsores
de este proyecto
- Los grandes beneficiados de
este proyecto son los operadores del mercado de semillas transgénicas
y de agroquímicos, principalmente las corporaciones transnacionales
agroquímicas, Syngenta y la corporación Monsanto,
líder mundial del mercado de semillas y cultivos transgénicos
y sus socios locales.
- Las variedades en uso estarán
en manos de unas cuantas empresas. Esto agravará el proceso
de concentración del sector semillero logrado por la
ley 19.342, que sería derogada al aprobarse este proyecto.
Hoy ya existe menos disponibilidad de variedades agrícolas,
y este proyecto agrava esa tendencia.
- Las empresas extranjeras controlarán
la comercialización, importación o exportación
del material de propagación (semillas, esquejes, etc),
y además podrán obtener legalmente la propiedad
sobre la flora y el patrimonio genético nacional. (artículos
6,7, 39).
Además
de las organizaciones que estuvieron en las audiencias de la Comisión
de Agricultura, suscriben hasta ahora este planteamiento sobre
el proyecto de ley Tierra Viva; los Consejos Ecológicos
comunales de Linares y San Antonio; el Instituto del Medio Ambiente;
las redes orgánicas de Coquimbo, BioBio, Angol, Renaico,
Los Lagos y Los Ríos, y la fundación Chile Sustentable.
*Proyecto de ley que regula derechos sobre Obtenciones Vegetales
y deroga Ley 19.342 (Mensaje Nº454-356), 22 diciembre 2008
(Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales). Texto de la ley
en Boletín Nº 6355-01 de la Cámara de Diputados,
www.camara.cl
Mayores informaciones:
Lucía Sepúlveda: 56-2-3416742- 900-23 729
RAP-Chile
Camila Montecinos, Grain: 091333655
Francisca Rodríguez: 07 6158332
ANAMURI
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