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Tribunales Éticos

Los Tribunales Éticos se crean como un espacio de denuncia y visibilización frente a la violación de los derechos humanos y laborales cometido en contra de las mujeres asalariadas agrícolas, temporeras de la agroexportación, por parte del modelo neoliberal.

En esta instancia se hace público la vulneración de estos derechos en las mujeres que muchas veces significa exponer sus vidas en sus lugares de trabajo, como consecuencia del modelo depredador cuyo objetivo final es la ganancia y el lucro a costa de la explotación de hombres y mujeres.

Durante los nueve tribunales realizados se contó con la participación de personas destacadas que han trabajado los temas de trabajo, salud laboral, etc quienes oficiaron como jurados. Podemos destacar a María Ester Feres,  Miraya Baltra,  María Elena Rozas (RAP-AL) y el Padre Alfonso Baeza (Ex – Vicario de la pastoral obrera), entre muchos colaboradores.

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Ancla 1

2009 Primer Tribunal Ético

El primer Tribunal Ético “Basta de violencia a las mujeres en el trabajo”, se realizó el 25 de noviembre del 2009, marcó un hito en la denuncia de los daños generados por el uso de plaguicidas en el trabajo asalariado de temporada.

El Tribunal se focalizó en los casos de dos trabajadoras asalariadas agrícolas fallecidas en sus trabajos: Cecilia Ortiz de Copiapó - Región de Atacama - y Victoria Alicia de San Clemente, Región del Maule. Ambos casos grafican la situación de vulnerabilidad en donde los y las trabajadoras son víctima de permanentes situaciones de peligro en sus trabajos.

El tribunal Ético busca sensibilizar a la comunidad sobre estos dos casos de muertes de mujeres trabajadoras producto de los costos asociados al modelo neoliberal, así como promover la reflexión en torno al contexto político-social de las condiciones de vida y de trabajo de quienes sostienen la producción agrícola de temporada.

Se realizó en la Casa Central de la Universidad de Chile, sala Eloísa Díaz

Ancla 2

2010 Segundo Tribunal Ético

El año 2010 el tribunal denuncia el caso de Flor María Contreras, trabajadora sobreviviente de otro accidente laboral que la dejó con daños irreparables en su organismo y con sólo un 30% de capacidad respiratoria. En ambas instancias las trabajadoras asalariadas de temporada denunciaron la situación de precariedad bajo la cual trabajan y los peligros constantes de intoxicarse con los químicos y plaguicidas que se usan en los predios.

Flor María, de Melipilla estudiaba Agronomía, carrera profesional que tuvo que abandonar por las repercusiones físicas de una fuga de amoníaco. Decidió estudiar trabajo social y participa activamente de la organización.

2011 Tercer Tribunal Ético

El tercer tribunal enjuició la trasgresión a las normas regulatorias del trabajo y el violento impacto que les provoca las extensas y densas jornadas laborales, la falta de garantías para su salud y el proyecto de ley del mal llamado estatuto del temporero que más bien expresa y resguarda los intereses de los empresarios, el cual fue respaldado por algunas organizaciones campesinas que olvidan que su principal deber es defender los derechos de las y los trabajadores.

Ancla 3

2013 Cuarto Tribunal Ético

El año 2013 el enjuiciamiento fue a Monsanto como principal responsable de la violencia que viven a diario las mujeres trabajadoras del campo y las de la pesca artesanal, trabajadoras de tierra y el mar en sus territorios; en sus trabajos como productoras, recolectoras y trabajadoras de las empresas pesqueras donde Monsanto y compañía arrasan y contaminan nuestros recursos naturales, envenenan nuestras vidas, acabando con nuestra cultura y con nuestra propia existencia como sector y con nuestra vida en comunidad.

ES claro que estos tribunales éticos no pueden proceder a realizar un juicio legal a los crímenes que esta transnacional, corazón del sistema capitalista, realiza en nuestro país y en el mundo entero.

La situación de Arica era absolutamente desconocida, la realidad de cómo el huerto de los primores y el principal centro de abastecimiento de hortalizas, frutas y cereales para todas las regiones del norte grande incluida nuestra capital, de ese importante vergel del norte, se ha convertido en un semillero transgénico que ha arrasado con los centenarios olivares que daban identidad al valle de Azapa.

Este procedimiento y la presión que sufren las y los campesinos no es menor en la región del Maule, donde los semilleros transgénicos y la propia producción de maíz se ha convertido por su rentabilidad en una de las producciones más expansivas, apoderándose bajo presión económica, incluso de la tierra de los campesinos, quienes viven en constante amenazas y atropellos ante la exigencia de no sembrar maíz para no contaminar las semillas transgénicas de las empresas. Las chacras aledañas, constantemente son invadidas y arrancados los maíces de sus huertos para proteger de la posible contaminación las siembras transgénicas. Sin lugar a dudas que con cada uno de los casos presentados no solamente el jurado concluye que la violencia del sistema no solo afecta a las mujeres, son los pueblos, las comunidades, nuestra biodiversidad, es nuestra vida la que está afectada y en grave peligro ante este sistema capitalista irracional. La violencia que viven las mujeres ante el avasallamiento de las empresas multinacionales y el exterminio de su cultura y la fuente de vida que es la tierra y lo que ella nos da, hace que cada día más mujeres deban dejar el campo apremiadas por las exigencias y las reglas impuesta por las empresas bajo el falso concepto de “las buenas prácticas agrícolas.” LA AGRESIÓN CONTRA LA BIODIVERSIDAD TAMBIÉN ES VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Es violencia cuando las disposiciones y normas exigidas a las trabajadoras campesinas para la elaboración artesanal de sus productos y el procesado de los alimentos, son las mismas reglas que rigen para la producción industrial. Es Violencia la disposición de programas productivo de INDAP que prohíbe en sus predios el mantenimiento de sus animales domésticos. Es Violencia, la intervención en sus huertas, el despojo de su cultura y de su identidad de mujeres campesinas. Es Violencia cuando sus hijos deben trabajar en lo semilleros poniendo en riesgo su salud limitando su niñez y cercenando su adolescencia. Es Violencia cuando cada vez se hace más lejanas escasas las fuente de agua, o el encontrar las yerbas medicinales, los materiales vegetales para su artesanía, los frutos silvestre porque el desierto verde avanza y los bosques nativos y los montes son desbastados. Es violencia cuando te priva el agronegocio de recolección de tus alimentos desde las orilla de mar o la pesca en los ríos y todo parte de su cultura alimentaria Es violencia cuando te privan de tus semillas y desconocen tu sabiduría- Es violencia cuando cada vez que pasa el avión fumigando por sus casas y las escuelas, el corazón se te parte de miedo por tus hijos y tus animalitos sin ni siquiera pensar en ti, Es violencia cuando ves que el empresariado en complicidad con quienes tiene las facultades para impedirlo y combatir estas injustas políticas se hacen cómplices y son responsables la violencia que genera este sistema capitalista y patriarcal. Los testimonios escuchados indican una clara subordinación de las personas y la dignidad de las personas a las condiciones impuestas por el dinero y por el hacer más dinero. Las mujeres sufren especialmente la violencia, porque se ven afectadas en sus múltiples papeles de jefas de hogar, productoras, trabajadoras y líderes sociales, además de enfrentar la carga adicional de la discriminación y el deterioro creciente de las condiciones de vida cotidiana. Específicamente, el jurado identificó el no respeto y violación de los siguientes derechos: derecho a la salud derecho a la alimentación derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación derecho a una actividad económica digna que a su vez permita una vida digna derecho a vivir en paz derecho a vivir en el territorio y a permanecer en él derecho a la información, a saber de aquello que les afecte y a la libre expresión igualdad ante la ley El jurado consideró que los responsables de estas violaciones son: El Estado Chileno y sus poderes (incluyendo, entre otros, los Ministerios de Salud, Agricultura, Trabajo y Ambiente, y las reparticiones o programas de INDAP, PRODESAL, PDTI, SAG, ACHIPA, CONADI) Las Empresas involucradas, entre las que se nombraron Monsanto, Syngenta. DuPont, Bayer, Semillas Von Baer, empresas de Acuicultura en el Archipiélago de Chiloé. El modelo económico, social y cultural impuesto en Chile La pasividad general de la población Por todo lo anterior, el jurado llamó a solidarizar con los afectados y a trabajar por: Rechazo y derogación de la Ley de Pesca Rechazo y derogación del Decreto 701 Rechazo y no aprobación de la Ley de Obtentores Vegetales Rechazo y no aprobación de la Ley de Bioseguridad Implementación del Convenio 169 de la OIT, con procesos de consulta vinculantes Compromiso efectivo del Estado por informar adecuadamente y apoyar los procesos de organización Defensa de la agricultura campesina y de los pueblos indígenas, sin Agrotóxicos, sin Transgénicos, sin Privatización Prohibición de cultivos transgénicos Prohibición de pesticidas altamente tóxicos Prohibición de fumigaciones aéreas No más expansión y retroceso del monocultivo forestal Control efectivo de los impactos y daños de la industria salmonera Limitación de la pesca de arrastre y protección de los mares Prohibición de la tala indiscriminada del bosque nativo Protección efectiva de la flora y fauna Protección efectiva de las condiciones de trabajo Que las y los niños y jóvenes tengan una educación que les permita tener conciencia de estos problemas y de los derechos que todas y todos debemos disfrutar. Cuando destruimos la madre tierra estamos destruyendo a nuestras propias madres. GLOBALICEMOS LA LUCHA, GLOBALICEMOS LA ESPERANZA!

Ancla 4

2014 Quinto Tribunal Ético

En el Marco del Segundo Congreso Nacional de ANAMURI  se desarrolla el quinto tribunal.

Ancla 5

2015 Sexto Tribunal Ético

En el 2015 se realizaron tres tribunales: Región de Atacama, Región del Maule y Región Metropolitana. El Tribunal introdujo al tema mediante la caracterización de casos, entre los cuales figuran; Violencia de Género; El Modelo de Desarrollo Económico en Copiapó; y la Contaminación de los Territorios.

En esta oportunidad la violencia fue testimoniada por personas que vivieron la catástrofe consecuencia del aluvión que sufrieron los habitantes de Copiapó, y particularmente las mujeres trabajadoras agrícolas, como resultado del modelo económico de mercado en que el rol del Estado queda en último plano en relación al bienestar social. Asumiendo que estos desastres de origen “natural” no son, ya que, están relacionados con las alteraciones climáticas que se han producido por el efecto de contaminantes y políticas depredadoras que arrasan con la biodiversidad y que además han devastado los territorios y han sorprendido a sus habitantes sin las herramientas necesarias para realizar tareas tan simples como la prevención y la organización comunitaria pos desastre.

A lo largo de los testimonios se confirma una vez más que tanto la empresa y el capital financiero extractivista no respeta a las personas, trabajadoras/es, la naturaleza y la vida. En donde trabajadores y trabajadoras de las empresas mencionadas viven esclavitud que se manifestada en la relación intra laboral y extra laboral.

En los testimonios se ha podido observar que la violencia se materializa también en la falta de información en relación a la contaminación del medio ambiente a causa del aluvión y la actividad extractiva, la cual costó vidas humanas y de las que aún se encuentran desaparecidas, de los cuales muchos corresponden a trabajadores/as inmigrantes.

A esta convocatoria además de mujeres trabajadoras agrícolas de temporada de las distintas comunas de la región de Atacama, también estuvieron acompañando durante gran parte de la jornada autoridades como la Seremi Regional de Salud la señora Brunilda Gonzales; la Diputada Yasna Provoste y el Diputado Lautaro Carmona.

Al respecto el Diputado Carmona manifestó: “que un país por más crecimiento que tenga si el trato a sus trabajadores/as, como el que se ha testimoniado aquí, es una ofensa al respeto y dignidad de los seres humanos…” en ese sentido anunció que “en un tiempo próximo debiera ingresar a debate a la cámara de diputados el proyecto de Ley que habla del estatuto del temporero/a, del que espero recoja las cosas a corregir y garantizar…”

El estatuto del Temporero y la Temporera, es una propuesta discutida por organizaciones de la CLOC Chile principalmente y entregada para la discusión y sanción de los parlamentarios, como una forma de generar mecanismos que mejoren las condiciones de vida y de trabajo de las trabajadoras/es de la agro exportación. En ese sentido esperamos que las organizaciones seamos consultadas para agregar nuevos elementos que sean tomados en función de favorecer las condiciones de trabajo y de vida en el trabajo en cuanto a constituirse en proyecto de Ley.

Por tanto, el veredicto del jurado en el primer caso es que en razón derechos humanos y legislación laboral lo ocurrido en la empresa Atacama, de acuerdo a Ximena Valdés, se cataloga como una nueva forma de esclavitud asalariada en que se precisa: Que el Estado tiene un rol mediante la dirección del trabajo fiscalizar, vigilar la vulneración de los derechos y la nula aplicación de la ley. Que hay un juicio a realizar el 03 de septiembre en donde se sugiere que ANAMURI y la CUT Copiapó respalden a los y trabajadores y trabajadoras en el juicio. Que se le pida al Diputado Carmona, presidente de la comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, exponer el caso en dicha comisión y ligado a eso velar por la legislación del Estatuto del Temporero/a para que sea una herramienta que mejoren las condiciones de trabajo de hombre y mujeres de la agro industria. Que los poderes públicos tienen que hacer planificación territorial, tienen ver donde se localizan los asentamientos humanos, las poblaciones pero también los de la empresa para ver dónde están las zonas de riesgo. En la región del Maule el llamado fue hacer un juicio ético al uso de los plaguicidas y con fuerza afirmar que ¡LOS AGROTOXICOS MATAN! Esta actividad se realizó en las dependencias del colegio de profesores en Talca. En esta oportunidad se presentó el informe técnico de la Universidad Católica del Maule : EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS ÓRGANO-FOSFORADOS EN ESCOLARES DE LA PROVINCIA DE TALCA:IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS. Durante el año 2015 específicamente en el Maule existen datos de tres brotes importantes, el primero el 13 de enero, en donde 7 personas acudieron al Hospital de Linares por intoxicación con plaguicidas en el Fundo San Lorenzo; el segundo caso fue el 11 de marzo, donde 7 personas acudieron a servicios de salud por intoxicación con plaguicidas en el mismo Fundo San Lorenzo de propiedad del Sr. Guillermo Henríquez; y el tercer caso presentado el 24 de abril, donde 4 personas consultaron en los servicios de salud por intoxicación con plaguicidas, trabajadoras y trabajadores de Agrícola Fruto Sol S.A, Fundo el Cielito." Lo anterior sirve para apuntar efectos concretos, afectados/as con consecuencias observables. Sin embargo, efectos no visibles en lo inmediato, alteraciones en la salud de poblaciones cercanas a zonas fumigadas, la proliferación del cáncer que se lleva la vida de los/las trabajadores, se suman al escenario devastador del modelo agroindustrial. Por si fuera poco, también se denunció la utilización de mano de obra infantil en las compañías semilleras. Evocada como realidad retrotraída a la promesa de la Revolución Verde, 50 años de utilización indiscriminada de agrotóxicos, escenifican un campo en el que el trabajador campesino fue desposeído del territorio y obligado a entregar su salud a cambio de una paga sumida en los intersticios de la ilegalidad. Falta de contratos, incumplimiento de normas sanitarias básicas y un sistema de salud excluyente y privatizado.

Ancla 6

2016 SéptimoTribunal Ético

El Año 2016 se realizaron dos tribunales, el primero en el norte grande para denunciar la violencia y el impacto de las actividades mineras sobre las comunidades y pueblos del norte y el segundo en el territorio Mapuche donde la violencia se expresa con mayor rigor cada día sobre sus comunidades.

Este tribunal se realizó el 18 de noviembre, en el campo abierto del museo RukaKimunTaiñVolil, en la Comuna de Cañete,  con activa participación  de las Asociaciones de Mujeres Indígenas Rayen Voygue de Cañete, y Weichafe Domo de Temuco, con el objeto de escuchar y conocer denuncias a través de testimonios sobre la violencia que se ejerce contra las comunidades y especialmente en las mujeres del territorio ancestral del pueblo mapuche.

Luego de escuchar los testimonios, el jurado firmante concluye que los testimonios presentados han evidenciado:

1. Una política institucionalizada de violencia contra la mujer mapuche, niños y niñas, fomentada y exigida por el capital nacional y transnacional, y que proviene de un continuo histórico de dominación, que tiene que ver con una primera etapa que termina con la mal llamada pacificación de la Araucanía y una segunda etapa que engarza con un sistema político, ideológico, cultural y económico capitalista neoliberal que prolifera a través de la instalación de empresas forestales, hidroeléctricas y proyectos mineros.

2. El retraso del Estado chileno en el respeto a los derechos del pueblo mapuche, y su reconocimiento como tal.

3. La estigmatización del pueblo mapuche potenciada por los medios de comunicación masivos, incluyendo esta misma actividad, que fue demonizada por éstos y parte de la sociedad cañetina haciendo creer que se trataba de una manifestación violenta. Esto ha sido una constante en el último tiempo, haciendo aparecer ante la sociedad de Cañete las manifestaciones mapuche como actividades delictuales. Con ello siembran un temor infundado en la población, especialmente en colegios y comercio establecido. A pesar de ello, este Tribunal sesionó con la participación de más de 200 personas provenientes de distintas comunidades y organizaciones.

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4. La violencia estatal y empresarial se manifiesta: a) En la criminalización de toda manifestación de ejercicio legítimo de derechos catalogándolo como actos terroristas o a lo menos subversivos. b) En golpes, insultos racistas, disparos a quemarropa, secuestros, durante manifestaciones y allanamientos, generando dolor adicional a las madres cuando ven a sus hijos caer detenidos. c) En actos de tortura contra mujeres, niños y niñas. d) En el respaldo del Estado a la invasión forestal e hidroeléctrica a manos del capital nacional y transnacional e) En la militarización del territorio f) En la falta de acceso a la justicia para personas mapuche víctimas de violencia, y un trato discriminatorio en relación al ejercicio de este mismo derecho por parte de personas no mapuche. Cuando se comete un delito en el que la víctima es no mapuche y el supuesto autor un mapuche, los casos siempre se investigan con acuciosidad. No ocurre lo mismo cuando la víctima es mapuche. 1) La criminalización del territorio que afecta no solo a las comunidades sino a todos a quienes les rodean. El Estado y el empresariado nacional y transnacional ejercen y naturalizan la violencia contra legítimas demandas territoriales, generando aislamiento, divisiones inter comunidades y fomentando una visión negativa acerca del ejercicio legítimo de derechos por parte del pueblo mapuche en relación a su territorio. 2) El incumplimiento de estándares internacionales por parte del Estado de Chile hacia mujeres indígenas. Los testimonios han dado cuenta de situaciones gravísimas de violencia contra las mujeres ejercida por agentes estatales y no estatales que vulneran las obligaciones que el Estado chileno ha asumido en materia de prevención, investigación y sanción, así como de protección y reparación. Tales situaciones evidencian infracciones a la Convención de Belem do Pará, al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y a la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que significa que el Estado chileno ha renunciado a ejercer sus obligaciones de respeto y garantía respecto del pueblo mapuche y de las mujeres mapuche. La violencia contra las mujeres, transversal en las sociedades patriarcales, se acrecienta en tiempos de conflicto y en el contexto de la creciente militarización del territorio ancestral. De ello dan cuenta los testimonios presentados. 1) La criminalización sostenida, la militarización de los territorios, el trato degradante y muchas veces inhumano que han sufrido miembros del pueblo mapuche, incluyendo secuestro durante allanamiento, apremios y tortura, en años anteriores la desaparición de un comunero y la muerte de varios de ellos en el marco de la protesta por el territorio, unido a la indolencia del Estado en investigar aquellas causas en las que ellos son víctimas, dan cuenta de un abuso de poder propio de las prácticas de terrorismo de Estado. En éste se busca dar continuidad a un proyecto político por medios extralegales. Considerando lo anterior, este Tribunal exige al Estado de Chile que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos en relación a nuestros pueblos originarios, lo que supone: a) Reconocer la autonomía y autodeterminación del pueblo mapuche b) Poner fin a la depredación capitalista del territorio mapuche c) Poner fin a la militarización del territorio mapuche d) Investigar las causas en las que personas mapuche son víctimas de acuerdo a los estrictos estándares internacionales fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es, sin discriminación, con acuciosidad y objetividad, estableciendo responsabilidades y sanciones adecuadas. Hacemos un especial llamado a investigar con objetividad y sin dilaciones la extraña muerte de la comuneraMacarena Valdés de la comunidad Newen-Tranguil, ocurrida en el marco de un conflicto ambiental con una empresa hidroeléctrica transnacional. e) Respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos de las mujeres, niños, y niñas mapuche y actuar con la debida diligencia con la violencia estatal que contra ellas se ejerce. Frente a los impactantes testimonios y el indignante actuar de las fuerzas represivas, tanto públicas como aparatos privados, este tribunal en pleno exige al gobierno de Chile y a las autoridades de turno, respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos de las mujeres, niños, y niñas mapuche y actuar con la debida diligencia ante la violencia estatal que contra ellas se ejerce. Firma el jurado en pleno Camila Maturana Kesten. Corporación Humanas Cristian Cuevas Zambrano. Coordinador del Frente de Trabajadores de la Minería NelsónQuichillao. Domínica Quilapi. Francisca Rodríguez Huerta. Vicepresidenta Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) Juana Paillalef Carinao. Directora Museo Mapuche de Cañete. Karina Riquelme Viveros. Abogada. Centro de Investigación y Defensa Sur Myrna Villegas Díaz. Abogada. Universidad de Chile. Natividad Llanquileo Pilquimán. Abogada Tito Tricot Novoa. Sociólogo. Universidad Alberto Hurtado

Ancla 7

2018 Octavo Tribunal Ético

El Octavo tribunal ético tubo como objetivo “El maltrato y trata de mujeres: Chilenas y migrantes esclavas del capital” y se realizó en el Museo de la Educación Gabriela Mistral.

Ancla 8

2019 NovenoTribunal Ético

El IX Tribunal Ético se realizó en Illapel, es un esfuerzo conjunto desde la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI junto a la Asociación de Mujeres Rurales de Illapel en la región de Coquimbo y con contó con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.

Este Tribunal se realizó en el marco del Día Universal de los Derechos Humanos (10 de diciembre) y se sitúa en un contexto país donde se vive bajo condiciones de recrudecimiento de la política capitalista, con medidas que atropellan brutalmente todos los derechos humanos de quienes habitamos este territorio. Dirigentes sindicales y sociales han sido asesinados, encubriendo el hecho como homicidios; asimismo la represión y criminalización contra la protesta social ha llegado a nivel gravísimo; los empresarios abusan con la mano de obra inmigrante, pagándoles bajos salarios y eludiendo contratos de trabajo, además de las precarias condiciones laborales en las que se desempeñan.

Propuestas y exigencias de solución

Diligencias del Estado en su actuar y en oposición a la impunidad con que actúan las empresas extractivistas en que la condición de la provincia cambie de la centralidad minera a la agricultura tradicional como lo fue históricamente.

Conformación a la creación del sindicato nacional y la formación sobre distintos temas relativos a los derechos humanos

Ancla 9

ANAMURI

Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas

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